Reclamo de la CAC ante el fuerte aumento de las cuotas de planes de financiamiento fiscal

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una nota al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en la que advirtió sobre los graves riesgos que corren las PyMEs argentinas tras el aumento de las cuotas de los planes de financiación conforme a la Ley 27653 (Ley de Alivio Fiscal).

La normativa establece que, para las cuotas con vencimiento a partir de abril de 2023, la tasa será variable y equivalente a la BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente hasta el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del semestre que corresponda.

En esta línea, la CAC explicó que el cálculo al que se someten las deudas desde el 4° mes del año son excesivas para el sostenimiento de las PyMEs.  Vale señalar que tras los recientes ajustes dispuestos por el Banco Central la tasa BADLAR vigente es del 87,5% nominal anual, implicando una tasa mensual nominal del 7,3%. “El hecho de multiplicar la tasa por 4,5, al ser aplicado al saldo de capital adeudado, determinó que las cuotas se triplicaran o cuadruplicaran de un período al siguiente, haciéndose en muchos casos impagables para las micro y pequeñas empresas, más en el marco de una situación económica inflacionaria, sumamente grave para un sector cuyo acceso al sistema financiero es especialmente difícil y con un proceso iniciado de caída de actividad”, sostiene la misiva. 

Asimismo, la Entidad advirtió sobre las graves consecuencias que pueden causar este considerable incremento de las tasas: “El incumplimiento sobreviniente ocasionará a breve plazo la caducidad de los planes de pago y sujetará a estas empresas a la aplicación de medidas cautelares por la AFIP en cumplimiento de sus obligaciones legales, pero con grave riesgo para la continuidad empresaria y el empleo de gran cantidad de trabajadores formales, agravando el traslado al sector informal de la economía”.

Cabe destacar que buena parte de las aproximadamente 520 mil PyMEs argentinas —que representan al 98% del total de las empresas del país— debieron recurrir durante la pandemia a la Ley de Alivio Fiscal para continuar en pie. Este segmento de empresas emplea acerca de 3,3 millones de trabajadores, lo que obliga a adoptar prontamente una medida para que las firmas que sobrevivieron a la pandemia no se vean ahora forzadas a cerrar sus puertas.