El contrabando y la venta ilegal asfixian al comercio formal y frenan el desarrollo de las empresas
La CAC expuso en Diputados acerca de la extensión del comercio ilícito en el país y reclamó controles eficaces para frenar la competencia desleal y proteger el empleo registrado.
El contrabando, la subfacturación y la venta ilegal, lejos de ser un fenómeno marginal en la Argentina, se han consolidado como un problema estructural que erosiona la recaudación, destruye puestos de trabajo registrados y asfixia a las empresas que cumplen con la ley. Según el reciente informe "Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina" (octubre de 2026), elaborado por la consultora MAP Latam y con aportes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el país ocupa hoy el puesto 120 sobre 158 naciones en el ranking global de comercio ilícito sectorial (TRACIT) y escaló al puesto 16 entre 193 países en el índice de criminalidad asociada a bienes gravados (GI-TOC).
En paralelo, el eslabón minorista muestra que la fiscalización sostenida da resultados, aunque el fenómeno lejos está de erradicarse: según el último relevamiento que la CAC realiza desde 2003, en octubre se detectaron 95 puestos de venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que representa una baja del 9,5% respecto al mes anterior y del 28,6% en la comparación interanual. Sin embargo, esta baja en la vía pública porteña, que puede explicarse como consecuencia de los operativos locales para combatir este flagelo, convive a nivel país con un desplazamiento hacia ciertos canales digitales informales, como ser redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde la mercadería ingresada por contrabando suele operar sin trazabilidad. En este frente, se destaca como un paso positivo los acuerdos firmados recientemente por el Gobierno Nacional junto a la propia Entidad, cámaras sectoriales y las principales plataformas digitales para intercambiar información y detectar la comercialización irregular de productos sensibles en línea —una iniciativa que resulta clave profundizar y acompañar con controles aduaneros igual de eficaces en las fronteras—.
A raíz de esta problemática, la CAC asistió hoy a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación para exponer un diagnóstico integral ante los legisladores y advertir sobre la urgencia de restablecer condiciones de competencia leal para el sector formal. Allí, la CAC hizo hincapié en el perjuicio que genera el comercio ilegítimo sobre el legalmente constituido.
“Se ha naturalizado una situación de total alevosía: hoy el ingreso ilegal de mercadería ocurre a la vista de todos, sin que se lo perciba como un delito. Basta con entrar a redes sociales y buscar ‘entrar mercadería desde Ciudad del Este’ para encontrar de manera pública e impune los contactos de quienes ofrecen productos ingresados por contrabando, sin tomar dimensión del daño profundo que esto provoca en las empresas argentinas y en la generación de empleo”, advirtió uno de sus directores.
Asimismo, remarcó el efecto multiplicador de la informalidad a lo largo de toda la cadena comercial: “Cuando un producto entra de contrabando, arrastra toda una cadena de ilegalidad hacia abajo: nace sin factura y queda toda la vida en negro, sin pagar ningún impuesto y fomentando el empleo no registrado. Eso destruye trabajo formal, erosiona la recaudación y pone contra las cuerdas al comercio que cumple con la ley y paga sus tributos, obligándolo a enfrentar una competencia absolutamente desleal que termina favoreciendo a los canales ilegales por sobre los formales”.
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