Preocupación de la CAC por el bono dispuesto por el Gobierno Nacional

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifiesta públicamente su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de otorgar un bono de $24.000, aplicable a trabajadores en relación de dependencia con ingresos netos de hasta tres salarios mínimos.

La Entidad comprende las motivaciones de tal decisión y comparte el interés por recomponer el poder adquisitivo de los asalariados. Sin embargo, está convencida de que el ámbito de determinación de ajustes en las remuneraciones del sector privado deben ser las negociaciones paritarias, en donde los representantes de las empresas y de los trabajadores de las diversas ramas de la actividad económica puedan acordar modificaciones salariales consistentes con la situación y perspectivas de cada una de ellas.

Debe reconocerse como positivo que en el caso de las pequeñas y medianas empresas se prevea que el 50% del pago del bono pueda deducirse de los anticipos del Impuesto a las Ganancias. Pero también debe advertirse que el hecho de que el mencionado bono deba abonarse en diciembre –mes del que ya han transcurrido dos semanas y en el que las empresas deben también hacer frente al pago del medio aguinaldo– representa una dificultad significativa para numerosas firmas, particularmente las pymes, que cuentan con menor margen para hacerse de liquidez.

Por todo lo anterior, la CAC –entidad signataria del convenio colectivo mercantil, el más numeroso de la Argentina– expresa su honda preocupación por la medida, por considerar que perturba la necesaria planificación empresarial y que, al aplicar el mismo aumento a sectores que registran realidades claramente heterogéneas, provoca múltiples distorsiones. En esta línea, aboga por que los incrementos en las remuneraciones se pacten en las negociaciones paritarias sectoriales, en el convencimiento de que los consensos allí alcanzados –y en las eventuales reaperturas o revisiones acordadas entre las partes– son la mejor herramienta para conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las posibilidades de pago de las empresas de cada actividad.

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