La CAC solicitó la derogación del nuevo anticipo del Impuesto a las Ganancias

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cursó una nota al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en donde manifestó su preocupación en relación a la Resolución General N° 5.391 que establece que determinados contribuyentes incluidos en el art. 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, tales como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos y otros sujetos de capital, deben ingresar un anticipo del Impuesto a las Ganancias del 15% a realizarse en tres cuotas mensuales y consecutivas.

Al respecto, la Entidad considera que el monto establecido “afectará a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado. De esta manera se neutraliza cualquier ‘alivio fiscal’ que se le otorgue al sector PyME de la Economía”. La norma no contempla “el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permite la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso, ni admite su cancelación por compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que pueda tener el contribuyente”, tal como indica la misiva de la Cámara.

Asimismo, “se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo. Vale agregar que todo lo anterior se ve agravado por lo imprevisto de la modificación que parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional”, manifiesta la CAC en la nota.

Desde la Entidad expresaron que “nos encontramos así con una nueva carga fiscal a los contribuyentes que son parte del universo formal, sin procurar generar la disminución de la informalidad, la baja del gasto público y la enorme presión fiscal sobre aquellos que pagan”.

La Cámara aboga por que, tras esta solicitud representativa del pensamiento de miles de empresas, se derogue la mencionada norma.