La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), junto a otras entidades gremiales empresarias como el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal en donde solicitaron la suspensión de la vigencia del Acta 2764/22, que establece el cálculo de la tasa de interés a abonar por las empresas en casos de indemnizaciones por despidos. 

En simultáneo, las entidades enviaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nota advirtiendo sobre esta situación y en la que manifiestan la preocupación de los empleadores en “relación a los métodos de actualización de las liquidaciones que surgen de las sentencias de condena que se pronuncian en ese fuero”; la par que agregaron que “esas actualizaciones están dañando seriamente a las empresas, generando perjuicios y distorsiones que muchas empresas ya no pueden afrontar”.

Según el texto presentado ante la Justicia laboral, el método de cálculo adoptado "arroja resultados erráticos, inequitativos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación, todo lo cual afecta seriamente al principio de la Seguridad Jurídica con el consiguiente aumento de incidencias procesales, interposición de Recursos de Apelación y asimismo de Extraordinarios y Quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

El reclamo se sustenta en informes elaborados por la Universidad de Buenos Aires y la UIA, con la verificación de PwC Argentina, que señalan las inconsistencias del método de cálculo.

Se adjuntan notas que incluyen informes técnicos y comunicado de prensa.